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Este es su periodo de gobierno por lo que duró alrededor de 40 años

1 de octubre de 1936 – 20 de noviembre de 1975 hasta su muerte.

En cuanto a los abusos:

Durante la Guerra Civil española (1936-1939) y luego bajo el régimen franquista (1939-1975), fueron numerosas las víctimas de graves abusos que en el momento de ser perpetrados, el derecho internacional prohibía de modo absoluto. Así, estaban reconocidos como crímenes contra el derecho internacional: la tortura, las ejecuciones extrajudiciales; los ataques contra población civil y otros abusos considerados crímenes de guerra; la persecución política, religiosa o racial y otros actos definidos por su naturaleza y gravedad como crímenes contra la humanidad.

La única versión oficial sobre lo ocurrido fue la producida y trasmitida a la sociedad española por el régimen instaurado en 1939. Concluido el régimen franquista, tales crímenes no fueron objeto de esclarecimiento imparcial, ni fueron tomados en cuenta los derechos de las víctimas que habían sido privadas de reparación y recursos eficaces para que se respetaran sus derechos, determinar la verdad y obtener justicia. Durante los gobiernos de la transición y durante gobiernos posteriores, los derechos de numerosas víctimas y sus familias a la verdad y a la justicia permanecieron negados de forma absoluta, mientras que el derecho a la reparación quedó restringido a unas mínimas medidas compensatorias económicas no derivadas propiamente de la condición reconocida de víctima de abusos recogidos por el derecho internacional. Incluso las limitadas y tardías compensaciones dispuestas, acabaron resultando inaccesibles para diversas víctimas por los requisitos requeridos y las dificultades encontradas para acreditarlos.

Responder por actos u omisiones que contravienen normas reconocidas por el derecho internacional, es parte consustancial a un régimen de Derecho. En el momento en el que ocurrieron los hechos de los que se ocupa este informe, ya era reconocida la responsabilidad internacional de un Estado por contravenir su obligación de garantizar el derecho de las víctimas a reparación y a interponer recursos.

Cuando se niega de modo absoluto la verdad y la justicia como ha ocurrido en España con numerosas personas que sufrieron abusos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, se afecta de modo sustancial su derecho a obtener reparación. Cuando se ofrecen compensaciones desvinculadas del hecho ilícito, sin que se haga reconocimiento público del carácter repudiable del acto que las victimizó y sin esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen ni la responsabilidad de sus autores; además de vulnerar por segunda vez los derechos de víctimas concretas, se pierde la función preventiva contenida en las garantías de no repetición, contemplada por el derecho internacional como forma de reparación.

Sin investigación judicial ni recursos disponibles para conocer la verdad de las circunstancias que rodearon los abusos cometidos, también se impide la reparación del estigma padecido por las víctimas y sus familias en el interior de la sociedad. En España han sido numerosas las víctimas de persecución política, religiosa, racial, de ejecución extrajudicial, desaparición, tortura, encarcelamiento arbitrario, de condena a penas crueles en procesos injustos. A todos ellos se les ha privado del derecho a la verdad, como forma de reparación moral y medio idóneo para recuperar su dignidad.

La naturaleza de ciertos crímenes exige medidas reparadoras especialmente valoradas por las víctimas. Así, en los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, seguidas de enterramientos clandestinos u ocultamiento de los cadáveres, con la consiguiente imposibilidad de las familias de dar sepultura digna a los restos de las víctimas; el ofrecimiento de declaraciones simbólicas o compensaciones económicas, sin derecho a la verdad, incumple de modo manifiesto el deber de reparar. Para estas víctimas y sus familias es central el derecho a la restitución, componente del derecho a la reparación, lo que exige que se haga efectivo el derecho a saber.

Las políticas de olvido sobre crímenes del pasado, además de afectar los derechos de quienes padecieron tales abusos también tienen consecuencias sobre la sociedad en general. Con el objeto de prevenir futuras violaciones, un Estado tiene la obligación de demostrar su compromiso con los derechos humanos y adoptar todas las medidas necesarias para evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro. Las políticas de perdón y olvido de crímenes tan graves como la tortura, no son el camino para evitar que se cometan nuevos abusos, sino la vía más rápida de que éstos se repitan.

Aunque en España existen voces que reclaman pasar página respecto de los crímenes del pasado, Amnistía Internacional encuentra motivos actuales y vigentes para dirigirse al Estado y a la sociedad española, basados en los derechos de las víctimas. Para Amnistía Internacional, los dere

oye no entinedo, te escogi como mi fan?? o tu me escogiste bueno no ahy ningun problema pero derrepente tengo fans y yo ni los conosco jajaja bueno que andes de lo mejor sale te cuidas

se despide el charro yiiiiiiiiija