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La Guerra de Reforma de México o también conocida como la Guerra de los Tres Años, transcurrió desde el 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861, que culmina con la entrada de Juárez a la capital del país. Fue el conflicto armado que enfrentó a los dos bandos en que se encontraba dividida la sociedad mexicana: liberales y conservadores. Dio inicio cuando el general conservador Felix Zuloaga, dio a conocer el Plan de Tacubaya, el cual demandaba la abrogación de la Constitución de 1857, la permanencia de Ignacio Comonfort en la presidencia y la convocatoria de un Congreso extraordinario, el cual se encargaría de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, "garantizara los verdaderos intereses del pueblo". Dos días después de su publicación, Comonfort (Presidente electo en ese momento) se adhirió al Plan de Tacubaya. Benito Juárez (Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ese momento) defendió enérgicamente la Constitución y se negó a colaborar con los conservadores. Por esta razón, Comonfort ordenó que lo detuvieran y lo mantuvieran en prisión. Con el transcurso de los años, la guerra se hizo más sangrienta y polarizó a la gente en la nación. Muchos de los moderados se unieron a los liberales, convencidos de que era necesario acotar el gran poder económico y político de la Iglesia Católica. Por un tiempo los liberales y conservadores tuvieron gobiernos paralelos, con la sede del gobierno conservador en la Ciudad de México y los liberales en Veracruz. La guerra terminó con la victoria de los liberales y el presidente Benito Juárez instaló su administración en la Ciudad de México. Una vez que el Congreso Constituyente había cumplido con su tarea de elaborar una nueva constitución, se hizo la convocatoria para realizar elecciones tanto de los poderes federales como los de los estados; tocó entonces a las legislaturas estatales el arreglo de las constituciones particulares de cada estado, de acuerdo con la constitución general. Se reunió así el primer Congreso Constitucional que trabajaría ya bajo los principios de la carta magna del 1857.

En consecuencia se dan dos gobiernos paralelos. Uno encabezado por Benito Juárez que en su calidad de presidente de la Suprema Corte debía ocupar el Ejecutivo en caso de que el presidente se ausentara; y el otro presidido por Félix Zuloaga, a quien una junta de representantes había electo presidente. El primero defendería el orden constitucional, mientras el segundo se encaminaría a su destrucción. Juárez estableció su gobierno, en un primer momento, en Guanajuato, mientras Zuloaga en la capital gobernaba con las llamadas Cinco Leyes, que de hecho derogaban algunas de las reformas liberales como la Ley Lerdo, la Ley Iglesias y la Ley Juárez entre otras. Las diversas entidades del país tomarían una posición y defenderían a uno de estos dos gobiernos.

El ejército y el gobierno liberal irían sufriendo severas derrotas a manos de los conservadores, en Puerto de Carretas, Atenquique, Ahualulco y Barranca de Beltrán, bajo el mando, en la primera batalla, de Luis G. Osollo y del general Miguel Miramón tras la muerte de aquél, derrotas que llevaron a Juárez a convertir su mandato en itinerante. Con todo y las penalidades a que se vio sujeto, éste continuó dictando una serie de disposiciones legislativas que simbolizaron una postura aún más radical que la manejada en el congreso constituyente de 1857. La legislación dictada en Veracruz modificó sustancialmente diversos aspectos centrales de la vida nacional.

Las leyes decretadas por Juárez en Veracruz, mientras se encontraba sitiado dicho puerto, conocidas como Leyes de Reforma, establecieron al fin la separación de la Iglesia y del Estado. El 12 de julio de 1859 se promulgó la Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el 23, la Ley del matrimonio civil; el 28 la Ley orgánica del Registro Civil y la Ley sobre el estado civil de las personas; el 31, el decreto que declaraba que cesaba toda intervención del clero en cementerios y camposantos. El 11 de agosto se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia. Un año más tarde, el 4 de diciembre de 1860, se expidió la Ley sobre libertad de cultos. Este conjunto de leyes fueron el inicio de una nueva era en la política, la economía y la cultura.

Pero mientras esos ordenamientos se convertían en realidad, la guerra civil había agotado y empobrecido al país. Un hecho externo determinó el resultado de la contienda y daría un giro radical a los acontecimientos: en 1859, el gobierno de Washington reconoció al de Juárez y lo proveyó de grandes recursos materiales y económicos; el jefe del gobierno conservador, el general Miguel Miramón, sabedor de la gran influencia estadounidense en la política mexicana, promovió infructuosamente una conciliación entre ambos bandos.

Después de tres años de guerra civil, las fuerzas liberales encabezadas por el general Jesús González Ortega, enfrentaron la que sería la última batalla contra las fuerzas conservadoras dirigidas por Miramón el 22 de diciembre de 1860. Los liberales vencieron a los debilitados conservadores definitivamente en la Batalla de Calpulalpan en el Estado de México el 22 de diciembre de 1860, y finalmente el 1 de enero de 1861, Juárez hizo su entrada triunfal a la capital de la República.

Poco tiempo antes de que esto sucediera, pero convencido ya de la victoria de las fuerzas constitucionalistas sobre las reaccionarias, Juárez expidió el 6 de noviembre de 1860, una convocatoria para las elecciones de diputados al Congreso de la Unión y para Presidente constitucional de la República en un plazo de dos meses. El presidente había venido gobernando con facultades extraordinarias, por lo cual le era apremiante restablecer la legalidad del gobierno a través del Congreso. Para este momento, el poder legislativo había inclinado el peso de la balanza a su favor constituyéndose sin duda en la fuerza política más importante del momento, por encima incluso del Ejecutivo. Este, por su parte, necesitaba triunfar en las elecciones para poder gobernar dentro del orden constitucional.

Tras una votación muy cerrada, el gobierno juarista apenas pudo triunfar con unos votos de diferencia. El Congreso declaró presidente constitucional a Benito Juárez y a González Ortega presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que llevaba implícito ser el sustituto legal del presidente

Las sesiones en la cámara transcurrieron en medio de una gran tensión política, la cual obligó al presidente a suspender algunas de las garantías individuales consignadas en la Constitución. Una vez que se restableció el orden constitucional a nivel nacional, se buscó la manera de sostener las leyes dictadas en Veracruz y se expidieron algunas nuevas, como el decreto por el que quedaron secularizados los hospitales y los establecimientos de beneficencia, emitido en diciembre de 1861.

Estos nuevos ataques a los intereses conservadores provocaron levantamientos por parte del ejército reaccionario. A pesar de haber sido derrotado por los liberales, Zuloaga hizo un nuevo pronunciamiento declarándose presidente de la República. La inquietud política se volvió a desatar y produjo fuertes enfrentamientos partidistas, incluso contra el presidente Juárez, que se esforzaba por mantenerse dentro del orden constitucional.

Sin embargo, los asesinatos de Melchor Ocampo y de Santos Degollado, en 1861 llevados a cabo por las guerrillas conservadoras, contribuyeron a que la situación política, económica y social se tornara crítica. El gobierno juarista decidió suspender pagos, buscar la forma de allegarse recursos por cualquier medio y mantener la suspensión de garantías. Estas medidas resultarían insuficientes para resolver los problemas financieros existentes y lograr la pacificación del país. Con el fin de conseguir más recursos para frenar la guerra y arreglar la Hacienda Pública, el Ejecutivo tuvo que tomar medidas drásticas. La presentación ante el Congreso de una iniciativa de ley para suspender los pagos de deudas y obligaciones extranjeras durante dos años, fue el corolario a la angustiosa situación. Discutida en el seno de la Asamblea Legislativa, la iniciativa fue aprobada y se publicó en julio de 1861. La respuesta de las potencias afectadas fue inmediata y aunque la disposición se derogó en noviembre de ese mismo año, fue demasiado tarde pues la actitud asumida por los gobiernos extranjeros presagiaba el inicio de la Segunda Intervención Francesa en México.

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