* 25 de febrero de 1950, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Pertenece a una familia con ascendientes europeos de religión católica; su padre, Néstor Carlos Kirchner, laboraba de funcionario de correos y descendía de alemanes y suizos, mientras que su madre, María Ostoic, era hija de inmigrantes croatas radicados en Punta Arenas, Chile. Los Kirchner residían en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, un territorio de la Patagonia austral frío, muy escasamente habitado (hoy en día continúa siendo la provincia argentina con menos densidad demográfica, unas 180.000 personas para una extensión comparable a la del Reino Unido, lo que da menos de un santacruceño por kilómetro cuadrado) y tradicionalmente relegado de las instancias de poder político y económico nacionales.
El muchacho cursó la enseñanza primaria en escuelas públicas provinciales y el bachillerato en el Colegio Nacional República de Guatemala. Desde temprana edad militó en el Movimiento Justicialista, primero como miembro de una Juventud Peronista que en aquella época, a finales de la década de los sesenta, estaba impregnándose de radicalismo izquierdista al calor de la oposición a las dictaduras militares, hasta dar lugar a grupos partidarios de la lucha armada y la guerrilla urbana como los Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los cuales entraron en conflicto con el general Juan Domingo Perón en 1973 cuando éste retorno triunfalmente del exilio y a la Presidencia de la República de la que había sido expulsado en 1955.
En marzo de 1975 Kirchner era un militante de la izquierda peronista no extremista y un estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuando contrajo matrimonio con Cristina Fernández, natural de la citada capital de la provincia de Buenos Aires y compañera de estudios y de partido, que iba a desarrollar su propia carrera política, paralela a la de su esposo. En 1977 la pareja tuvo a su primer retoño, Máximo, y trece años después nació una niña, Florencia.
En 1976, el año del derrocamiento por las Fuerzas Armadas de la viuda del fundador y caudillo del justicialismo, María Estela (Isabel) Martínez de Perón, Kirchner recibió el título de abogado y posteriormente regresó a su Río Gallegos natal para ejercer la profesión. Apenas se han divulgado datos de su trayectoria durante el infausto septenio en que Argentina estuvo regida por las juntas militares y el peronismo, muy en particular su ala izquierda, padeció las sevicias de la guerra sucia. En lo tocante a estos tenebrosos años, las biografía publicadas por la prensa argentina reseñan que Kirchner y su esposa montaron un estudio jurídico y que él sufrió un encarcelamiento cuya duración y motivos no se precisan.
En 1982, a la caída de la tercera junta militar, noqueada por el desastre bélico en las islas Malvinas y el inicio de la restauración democrática, Kirchner emergió a la vida pública desde un puesto de funcionario en la administración provincial en Río Gallegos. Luego de poner en marcha un círculo de encuentro político, el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón, a finales de 1983 fue nombrado presidente de la Caja de Previsión Social de la ciudad. Aunque en julio de 1984, debido a una disputa sobre las políticas financieras de la entidad, fue destituido de este puesto por el entonces gobernador provincial, el peronista Arturo Puricelli, Kirchner llegó a convertirse en una celebridad local y comenzó a construirse una base de apoyos fundamental para sus aspiraciones políticas.
En 1986 ya había alcanzado el suficiente caché como para hacerse con la candidatura a intendente (alcalde) de Río Gallegos en la elección interna de la sección local del Partido Justicialista (PJ). Dicho y hecho, en los comicios del 6 de septiembre de 1987 Kirchner ganaba su primer mandato representativo con apenas un centenar largo de votos de ventaja sobre su contrincante radical, mientras que su camarada Ricardo del Val retenía para el PJ la gobernación una provincia que en los años siguientes iba a mantenerse férreamente en manos peronistas.
La gestión de Kirchner como primer edil de la capital provincial en el período 1987-1991 satisfizo a la dirección nacional peronista y a los votantes, un acopio de méritos que le calificó para ser el aspirante del oficialismo para el puesto de gobernador provincial. El ascenso de Kirchner se vio favorecido por la caída de del Val, que en junio de 1990 fue depuesto en un juicio político. En las elecciones del 8 de septiembre de 1991, cuando ya habían cumplido el bienio de vida el Gobierno federal presidido por el peronista Carlos Saúl Menem y el mandato de Cristina Fernández de Kirchner como diputada en la Cámara de Diputados provincial, el abogado santacruceño se apuntó la victoria con el 61,1% de los votos.
El 10 de diciembre Kirchner asumió la gobernación de Santa Cruz cuando la provincia, que aportaba sólo el 1% del PIB nacional con producciones del sector primario, estaba azotada por la crisis económica, el paro y un déficit en sus cuentas públicas de 1.200 millones de dólares. La receta que aplicó consistió en fuertes inversiones para estimular la actividad productiva, la contratación laboral y el consumo, con lo que se situó en las antípodas del modelo neoliberal, concentrado en la eliminación de la hiperinflación, en el reajuste monetario y en la desregulación del Estado, que estaba aplicando Menem en el Gobierno federal.
Toda vez que Kirchner hizo un manejo eficiente del presupuesto provincial, con eliminación de gastos improductivos, y de las regalías de la explotación de los hidrocarburos, la principal riqueza del territorio, la consecuencia de sus políticas expansionistas y sociales fue que al cabo de una década Santa Cruz estaba metida por la senda de la prosperidad y en el camino además logró el equilibrio fiscal, incluso superávit en algún ejercicio. Encuestas actuales señalan a Santa Cruz como la provincia con mejor distribución de riqueza y menor índice de pobreza, tras la capital federal.
Kirchner se labró un perfil un tanto singular de peronista de centroizquierda, crítico tanto con el modelo neoliberal de Menem como con la burocracia sindical del justicialismo, y que otorgaba tanta importancia al control del déficit fiscal como a un modelo de crecimiento sobre bases productivas, no especulativas, y nacionales. En lo referente a los Derechos Humanos y la consideración de los años de la dictadura, Kirchner estaba considerado progresista. Así, en diciembre de 1990 manifestó su repudio a la decisión de Menem de indultar a los antiguos comandantes de la dictadura y a dirigentes de los Montoneros.
Desde luego, la labor administradora de Kirchner fue facilitada por las escasas dimensiones del aparato económico y el mercado laboral de Santa Cruz, y además no estuvo exenta de críticas. Para sus detractores, Kirchner no era muy diferente de otros gobernadores peronistas a la hora de hacer y deshacer con talante personalista y autoritario, sobre todo en el manejo de los medios de comunicación provinciales y los nombramientos para las magistraturas judiciales de personas de confianza. Por lo demás, el control público de los nuevos puestos de trabajo y una economía acusadamente subsidiada facilitaban la manutención de una electoralmente provechosa red de clientelismo político, típica de los feudos de provincias.
Además, Kirchner dispuso la enmienda de la Constitución provincial en dos ocasiones, en 1994 y 1998, para habilitar la reelección indefinida del gobernador, una reforma hecha a su medida que siguió los pasos de la realizada por Menem en el ámbito nacional. Elegido en 1992 secretario de Acción Política del Consejo Nacional del PJ y presidente del Concejo justicialista en Santa Cruz, amén de presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), el 10 de abril de 1994 Kirchner salió elegido convencional nacional constituyente a la par que su esposa Cristina. Como miembro de la Asamblea Constituyente que pactaron Menem y el ex presidente y líder radical Raúl Alfonsín en diciembre de 1993, Kirchner fue copartícipe en la elaboración de la nueva Carta Magna, que entre otras novedades incluía la reelección presidencial para un segundo período cuatrienal consecutivo en lugar del mandato sexenal no prorrogable.
Al socaire de su propia reforma constitucional en casa, en los comicios del 14 de mayo de 1995 Kirchner fue reelegido con un contundente 66,5% de los votos, que duplicó ampliamente la cuota obtenida por su rival de la Unión Cívica Radical (UCR), para un segundo cuatrienio, el mismo período ganado por Menem en la votación presidencial. El distanciamiento con el carismático y controvertido jefe del Estado y jefe nominal del partido lo expresó a las claras Kirchner en 1996 con la puesta en marcha de la llamada Corriente Peronista, una línea interna del Movimiento Justicialista con pretensiones de ser un espacio de reflexión y debate suprapartidista y que hacía hincapié en la política frente a las soluciones economicistas para confrontar los problemas del país.
La decisión de Menem en 1998 de postularse de nuevo para la Presidencia a través de una segunda reforma constitucional ad hoc si era preciso suscitó un muy fuerte movimiento de rechazo en las filas peronistas, ya agrietadas por la polémica gestión económica y social del equipo de Gobierno, que pasó a capitanear el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente de la República, Eduardo Alberto Duhalde. Entonces, Kirchner salió a posicionarse con Duhalde para detener en seco a un líder que, con sus deseos de perpetuarse en el poder y la defensa a capa y espada de los intereses de los leales a su servicio, estaba perjudicando las propias ambiciones y cotos de poder territorial de un amplio elenco de dirigentes que no comulgaban con muchas de las políticas del jefe del Estado. Paradójicamente, quien empezó a darse a conocer ante la opinión pública nacional como un firme detractor de la "re-reeleción" de Menem en la Casa Rosada porteña, no veía ningún problema a su propia renovación indefinida en Río Gallegos.
En las elecciones generales del 24 de octubre de 1999 Duhalde fue batido por el candidato de la pujante Alianza entre la UCR y el centroizquierdista Frente País Solidario (Frepaso), Fernando de la Rúa Bruno, mientras que en la Cámara de Diputados el PJ fue desbancado del primer puesto. La marea ascendente del aliancismo se notaba también en Santa Cruz, pero en su elección doméstica, celebrada el 23 de mayo anterior, Kirchner aguantó sin grandes apuros el envite y ganó su tercera gobernación consecutiva con el 54,7% de los votos frente al 44,1% cosechado por el radical Anselmo Alfredo Martínez, intendente de Río Gallegos desde 1995 y sublema mejor situado dentro de la Convergencia, el lema electoral formado, en pintoresca coalición de fuerzas, por la Alianza y el menemista Movimiento Federal Santacruceño (Mofesa), este último animado por Arturo Puricelli, el gobernador peronista de Santa Cruz en 1983-1987 y viejo adversario de Kirchner dentro del peronismo.
Llamado por sus paisanos Lupín, al parecer, por su supuesto parecido físico (porte desgarbado, nariz prominente y ojos camaleónicos) con un personaje de tebeo argentino, Kirchner se ubicó nítidamente en las filas duhaldistas, dedicadas a la doble tarea de regatear las fintas de un menemismo desacreditado pero resuelto a defender sus parcelas de poder, y de plantear la oposición al aliancismo en el Gobierno federal. El santacruceño ganó ascendiente en la alta política nacional, dentro de una tendencia que otorgaba a los caudillos territoriales del peronismo, a fin de cuentas, los detentadores del capital electoral de un partido mermado tras los últimos comicios, un peso creciente en los órganos de dirección internos del PJ.
Con la seguridad y la confianza que brindaba estar al frente de una de las provincias menos golpeadas por la pobreza, el desempleo y la crispación social, Kirchner fue testigo del imparable deterioro del Gobierno de de la Rúa, que se mostró incapaz de confrontar eficazmente una crisis económica y financiera de enorme magnitud, la más aguda desde la independencia en 1816, que le estalló en las manos como, en buena parte que era, la herencia funesta de Menem.
En efecto, los gobiernos menemistas habían terminado con la pesadilla inflacionaria, conseguido varios años de crecimiento económico y emprendido una profunda reforma del Estado, con desregulaciones, privatizaciones y supresión de subvenciones, en aras de la concurrencia competitiva de Argentina en las dinámicas librecambistas subregionales y en la nueva economía globalizada. Pero todo el sistema se hizo descansar sobre estructuras más bien hueras o hipotecadas, con destrucción de tejido industrial nacional, dependencia de la inversión foránea, proliferación descontrolada de los capitales especulativos, recurso al endeudamiento interno y externo para compensar el déficit fiscal en ausencia de un sistema tributario racional y, finalmente, resentimiento de las exportaciones como consecuencia del tipo de cambio fijo y sobrevalorado entre el peso y el dólar.
El 19 de diciembre de 2001 se produjo el temido y anunciado estallido social en Buenos Aires y otras ciudades del país con el detonante inmediato del corralito financiero, esto es, la inmovilización parcial y temporal de todos los saldos bancarios como medida desesperada del Gobierno aliancista para evitar la fuga masiva de depósitos. En los días siguientes se abatió sobre Argentina una vorágine de mudanzas políticas e institucionales sin precedentes, empezando por la renuncia de de la Rúa el 20 de diciembre. Por lo que se refiere a Kirchner, jugó un papel relevante en las graves decisiones políticas que se tomaron en estos días convulsos.
Así, los medios periodísticos citaron al santacruceño entre los participantes en un conciliábulo restringido de líderes regionales justicialistas que consensuó la colocación de uno de los suyos, Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis desde 1983, para el puesto de presidente de la República interino. Todos estos capitostes provinciales, inclusive el bonaerense Carlos Ruckauf, el santafesino Carlos Alberto Reutemann y el cordobés José Manuel de la Sota sostenían, o se sospechaba que sostenían, ambiciones presidenciales, y otorgaron la investidura congresual a Rodríguez Saá en la creencia de que éste se iba a conformar con servir el interinato y convocar elecciones presidenciales anticipadas para marzo.
Cuando el puntano dejó entender que no se descalificaba para la carrera electoral y además dio muestras de afrontar la calamitosa situación económica con talante populista y con escaso sentido de la realidad, Kirchner y los demás barones le retiraron al punto el apoyo, de manera que el 30 de diciembre, con la calle hirviendo en una segunda ola de protestas, Rodríguez Saá hubo de renunciar al cabo de una semana de ejercicio. El santacruceño calificó la efímera presidencia de su colega de filas de "retorno al populismo de los años 30". El minué de inquilinos en la Casa Rosada tocó a su fin el 1 de enero de 2002 con la investidura de Duhalde como presidente interino, y aunque la sensación de una inminente y catastrófica desintegración social, e incluso de una guerra civil al decir de los agoreros, se difuminó, siguió respirándose una atmósfera extraordinariamente enrarecida, con la tensión a flor de piel.
Kirchner no cuestionó las medidas de contingencia que el Gobierno de Duhalde fue aplicando a lo largo de 2002, las cuales apuntaron a un nuevo modelo económico y social en Argentina. Estas fueron fundamentalmente dos, y ambas hicieron notar sus efectos balsámicos: una de tipo estructural, la abrogación de la Ley de Convertibilidad, con la consiguiente devaluación de la divisa argentina y la pesificación de los créditos de los particulares; y otra puramente coyuntural, el levantamiento gradual del corralito, a medida que la crisis de iliquidez del sistema financiero iba apagando luces rojas. Ahora bien, en su jurisdicción Kirchner se las ingenió para minimizar el impacto brutal que el corralito y la pesificación estaban teniendo sobre el poder adquisitivo de la población sacando más de 500 millones de dólares del erario provincial provenientes de los devengos petroleros del Estado y depositándolos en la Reserva Federal de Estados Unidos y en cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo.
Mientras el traumatizado país parecía dejar atrás la fase más angustiosa de la crisis, si bien en el camino se quedaban millones de damnificados entre trabajadores despedidos, ahorradores arruinados y nuevos pobres, en el justicialismo fueron descubriéndose sobre la mesa las distintas ambiciones presidenciales, hasta entonces más o menos soterradas, un proceso que se aceleró después de que Duhalde decidiera en julio adelantar a marzo (posteriormente se retrasó la fecha a abril) de 2003 las elecciones presidenciales previstas al principio para septiembre.
Kirchner, Menem, Rodríguez Saá, de la Sota y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunciaron su intención de presentarse a un proceso de elecciones primarias del PJ que primero se anunció para noviembre de 2002 y que luego se postergó a febrero de 2003. Duhalde estaba resuelto a frustrar las posibilidades de Menem y Rodríguez Saá, máximos favoritos en unas primarias justicialistas. A tal fin, primero confió en la presentación de Reutemann, pero el ex piloto de Fórmula 1 declinó competir en estas condiciones de atomización de las postulaciones justicialistas.
Entonces Duhalde trasladó sus preferencias a de la Sota, pero el 15 de enero de 2003 anunció que su apuesta para la sucesión presidencial era Kirchner, hasta hacía bien poco hundido en las encuestas sobre favoritos para la Presidencia, porque compartía "sus ideas vinculadas a la defensa de la producción" y porque figuraba entre los que no querían "volver atrás", en alusión a las políticas de ajuste de Menem. El apoyo de Duhalde implicaba para Kirchner tener detrás, no sólo el núcleo oficialista del partido y la institución presidencial, sino todo el aparato peronista de la provincia de Buenos Aires, con mucha diferencia, el distrito político y económico más importante del país. Al día siguiente, Kirchner celebró el acto de presentación oficial de su candidatura arropado por una representación del peronismo bonaerense y por funcionarios del Gobierno federal. Desbordando autoconfianza, el gobernador patagónico afirmó que no le faltaba coraje "ni todo lo que hay que tener" para sacar a Argentina de su postrada situación.
El 24 de enero Duhalde, con el acuerdo de Kirchner, remachó su estrategia al obtener la aprobación del Congreso del PJ a su moción para suspender la elección partidaria interna y trasladar la liza del santacruceño y los dos ex presidentes directamente a la elección presidencial del 27 de abril. La decisión fue tomada pese al fallo de una juez federal con competencia electoral prohibiendo la reforma de la Carta Orgánica del PJ con aquel objeto, y en ausencia del sector menemista.
Con el argumento de que los tres aspirantes, de hecho, presentaban programas contrapuestos, el aparato del partido controlado por los oficialistas resolvió que Kirchner, Menem y Rodríguez Saá concurrieran bajo un régimen llamado de neolemas, es decir, con la autorización de exhibir los símbolos partidarios comunes y los lemas específicos de cada lista, pero sin adjudicación de todos los sufragios justicialistas al más votado de entre ellos, de suerte que, desde el principio hasta el final, los tres iban a enfrentarse como si pertenecieran a partidos diferentes. El artificio era una variedad, teóricamente pergeñada para esta ocasión excepcional, de la tradicional ley de lemas, concebida para dar satisfacción a una pluralidad de ambiciones presidenciales en un partido, pero que al mismo tiempo favorecía la dispersión del voto de dicha fuerza partidaria.
Desprovisto del carisma, el conocimiento público y el empuje mediático de Menem y Rodríguez Saá, y, en opinión de algunos analistas, de esa visión estratégica, propia del estadista avezado, de la situación de Argentina en el mundo de la que tanta gala hacía Menem, el gobernador santacruceño arrancó la campaña en una posición zaguera en los sondeos de intención de voto frente a sus dos conmilitones y adversarios y al ex ministro delarruísta Ricardo López Murphy, valedor de una plataforma liberal. Para atraer votos, Kirchner se apoyó en la figura del ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, que tenía una imagen positiva por su gestión anticrisis, y anunció que lo mantendría en su futuro gabinete, lo que equivalía a dar continuidad al programa económico duhaldista. Cristina Fernández de Kirchner, que desde 1995 venía realizando una labor política descollante como senadora y diputada santacruceña en el Congreso Nacional, aportó a la campaña de su marido un elemento de atracción no desdeñable.
La lista presidencial de Kirchner, el Frente para la Victoria, presentó el programa Un país en serio, que incidía en una serie de primeridades: la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud, de alguna manera sintetizadas en el eslogan de Primero Argentina. En esta declaración, de regusto socialdemócrata e intencionadamente contrastada con la experiencia y la herencia del menemismo, Kirchner ha propuesto un modelo de producción y trabajo que exige "articular inteligentemente y con sentido nacional lo público y lo privado", tal que Estado y mercado (preferentemente, el interno) puedan "asociarse en la construcción de un país distinto" con un reparto de funciones: el primero, "promoviendo, regulando y controlando"; el segundo, "invirtiendo, produciendo y ganando".
En el terreno de lo concreto, Kirchner se ha planteado un buen número de objetivos: obtener la reducción de las amortizaciones y los intereses de la deuda externa, y la reprogramación de los servicios; mantener el sistema monetario flotante, con el peso cotizando libremente con el dólar, y vinculado a las necesidades del sistema productivo, con el fin de estimular las exportaciones y permitir la reducción progresiva de la dependencia de las importaciones; rebajar gradualmente los impuestos al consumo y establecer un sistema tributario simplificado y "progresivo", con tipos de retención más ceñidos al nivel de rentas contributivas, así como luchar vigorosamente contra el fraude fiscal y el contrabando; lanzar un vasto plan "neokeynesiano" de inversiones públicas en vivienda, transportes y servicios educativos y sanitarios, con el objeto de reparar la arrasada red de prestaciones sociales y, de paso, generar cinco millones de empleos, directa o indirectamente; crear un programa laboral específicamente orientado a la microempresa; prolongar las subvenciones y ayudas sociales del Gobierno, en especial las destinadas a combatir la indigencia extrema y el hambre en regiones concretas del país, en tanto dure la situación de emergencia; y, renegociar los contratos y tarifas de las empresas proveedoras de servicios, aceptando un ajuste inicial del 10% al 15% en algunas prestaciones.
La puntualización "cuidando el equilibrio fiscal" o "sin déficit fiscal" coletea como un mantra en las propuestas de Kirchner, en parte por convicción personal y en parte para mitigar las reluctancias del FMI, que, pese a haber accedido el Gobierno de Duhalde a varias de sus exigencias, sigue demandando restricción monetaria, no obstante hallarse la inflación controlada -en abril el índice mensual fue el 15%, frente al 41% anual de 2002, como consecuencia de la devaluación del peso- y el peso en vías de recuperación frente al dólar, así como la reindexación de las tarifas de los servicios públicos privatizados.
El FMI pide al Estado argentino nuevos ajustes y correcciones para avalar la financiación del sobrepago de intereses de la deuda en bonos con acreedores privados, que asciende a 60.000 millones de dólares, y para conceder reestructuraciones en la deuda crediticia propia y, eventualmente, nuevas postergaciones de pagos ya vencidos que no se cancelaron en su momento, so pena de incurrir Argentina en el ominoso default. Por lo demás, desde la implosión de diciembre de 2001 el FMI se ha negado a socorrer al país sudamericano con más ayudas de contingencia.
Aquellos compromisos financieros fueron congelados, al igual que las tarifas de los servicios públicos, por Duhalde en enero de 2002, y desde entonces el Gobierno saliente vino tejiendo, con actitud más retardataria que resolutiva en algunos aspectos, un extremadamente complicado encaje de bolillos que ha intentado ahorrar a una ciudadanía con los ingresos derrumbados el reajuste alcista de las tarifas -lo que afecta muy negativamente a las necesidades de inversión de las empresas proveedoras para sostener sus servicios y a la capacidad de atender sus propias deudas- mientras contiene el gasto público y recauda más impuestos para alcanzar los objetivos de un superávit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 2,5% del PIB en 2003 y el 4% en 2004, considerados imprescindibles para cumplir las obligaciones financieras del Estado y recuperar la confianza de los fiadores domésticos y foráneos.
En resumidas cuentas, Kirchner se lanzó a la justa presidencial haciendo suyo lo esencial de las políticas económicas y sociales del Gobierno Duhalde y comprometiéndose -aunque sin excesivas rotundidades- con las grandes tareas dejadas intactas o inconclusas por su colega partidario, a saber: la reforma del sistema tributario y una lucha eficiente contra los delitos económicos; la remoción de las angustias contables del Estado, con los dogales que suponen los sucesivos vencimientos de deuda; la reforma del sistema bancario y la restitución de la solvencia de las entidades financieras privadas; y, una reforma general de las instituciones del Estado, que incluya reducciones de los cuerpos legislativo y judicial para reducir los gastos de la política.
Pero además, como si todo lo anterior no fuera suficiente, había que devolver las esperanzas de futuro a un país devastado socialmente, donde la pobreza en alguna de sus formas golpea ya al 54% de la población (20 millones de argentinos, de los cuales la mitad son considerados indigentes al percibir ingresos mensuales inferiores a los 220 dólares), la tasa de desempleo excede el 20%, la previsión social recibe cotizaciones de sólo el 40% de la población ocupada, y las penurias especialmente dramáticas de la desnutrición y el hambre están causando mortandad infantil en Misiones y Tucumán.
Sobre el cálculo de Kirchner gravitan las ya citadas tendencias moderadamente halagüeñas del índice de precios y la cotización monetaria, así como el curso de la producción, que registró un crecimiento del 5% en el primer trimestre del año, frente a la brutal recesión, el -11%, experimentada en el conjunto de 2002.
Al cabo de una campaña caracterizada por la apatía y el escepticismo del electorado, mientras seguía reverberando el grito de hastío "Que se vayan todos" que ha presidido las revueltas y movilizaciones del último año y medio, Kirchner llegó a la jornada del 27 de abril en competición muy reñida con Menem y con López Murphy por el derecho a disputar la segunda vuelta, requerida constitucionalmente si el candidato más votado no reúne el 45% de las papeletas válidas o más del 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el siguiente candidato. En opinión de politólogos y expertos en análisis electoral, las opciones estaban abiertas en una tesitura muy fluida, donde las lealtades partidarias y las ataduras ideológicas clásicas cuentan menos que la preferencia subjetiva y mudable por uno u otro candidato. Por primera vez en 57 años, la antinomia clásica peronismo-radicalismo no presidía unas elecciones generales y el peronismo, además, se presentaba fraccionado en candidaturas rivales.
Pues bien, Kirchner, con el 22% de los votos, fue superado por Menem (Lista Frente por la Lealtad), que obtuvo el 24,3%. Descalificados para la segunda ronda quedaron López Murphy (Lista Movimiento Federal Recrear), Rodríguez Saá (Lista Frente Nacional y Popular) y la independiente de izquierda y ex radical Elisa María Carrió (Lista Alternativa por una República de Iguales), receptores respectivamente del 16,3%, el 14,2% y el 14,1% de los sufragios.
En un distante y testimonial sexto puesto quedó el candidato de la UCR, Leopoldo Raúl Guido Moreau, que sólo recogió el 2,3% de los votos. A la sazón, el peor resultado nunca cosechado por un presidenciable radical era todo lo que quedaba del efímero fenómeno aliancista, que tantas expectativas suscitó a finales de los años noventa. La papeleta de Kirchner acaparó el 78,7% de los votos en Santa Cruz y fue también la preferida en la provincia de Buenos Aires (25,2%) y en el conurbano o gran Buenos Aires (27,8%); ahora bien, en la circunscripción propiamente capitalina, otrora bastión del voto radical y frepasista, Kirchner sólo quedó en tercer lugar tras López Murphy y Carrió.
Kirchner celebró su paso a la segunda vuelta del 18 de mayo haciendo un llamamiento a la población para que escogiera entre dos modelos de país, el de la "exclusión y el endeudamiento", en alusión a Menem, y el de una "Argentina de igualdad y con posibilidades para todos". También expresó su confianza en aglutinar todo el voto de rechazo que Menem suscitaba, especialmente en los votantes de López Murphy y Carrió, el electorado urbano susceptible de definirse en la categoría socioeconómica (barrida por la crisis) de clase media, o en aquellos que podían apreciar en el santacruceño un perfil más frepasista que peronista.
El apoyo implícito de Carrió y el espaldarazo de líderes peronistas como de la Sota y de los presidentes socialistas de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Chile, Ricardo Lagos, ante quienes comunicó en Brasilia y Santiago su deseo de priorizar un MERCOSUR integrado económica y políticamente frente al Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) que patrocina Estados Unidos -con el respaldo entusiasta de, precisamente, Menem-, convirtieron a Kirchner en un presidente in péctore. Las encuestas tras la primera vuelta electoral adjudicaban entre un 60% y un 70% de intención de voto para el santacruceño, si bien semejante caudal de apoyos no obedecía tanto a méritos propios como a un rechazo frontal a ver de nuevo a Menem presidiendo el país.
Sin embargo, la segunda ronda no llegó a disputarse porque el 14 de mayo Menem, al cabo de un día largo de rumores y desmentidos, anunció su retirada del proceso electoral en una decisión que suscitó la increpación general. La opinión compartida fue que el riojano arrojó la toalla antes que sufrir su primera derrota, y por goleada, en una carrera cuajada de éxitos electorales, y también para arrojar una sombra de ilegitimidad sobre Kirchner, que de esta manera inopinada se proclamó presidente electo con el nivel de voto popular más bajo en la historia de Argentina. También se habló de un intento de Menem de condicionar al futuro presidente, mala noticia para un aspirante a estadista que ya se embarcó en la carrera hacia la Casa Rosada con la imagen de factótum de Duhalde.
Visiblemente irritado por este escamoteo de un capital electoral masivo que, con certeza, le habría permitido gozar de un período de gracia popular más prolongado a la espera de resultados concretos de su gestión, Kirchner devolvió los dardos dirigidos por Menem acusándole de "cobarde" y de "huir" de sus responsabilidades, y definió expresamente su decisión como un "intento de deslegitimar la voluntad de cambio expresada por la sociedad" y de "mostrar débil y frá*** al Gobierno que se inicia para tratar de imponerle la continuidad de las políticas llevadas adelante durante la década de los noventa".
Consciente de esa necesidad, Kirchner aseguró que presidirá "con todos los argentinos" y explicó que su idea era que "el consenso se refleje en el país que se va a construir" y no en "acuerdos entre dirigentes para cambiar apoyos por cargos", una "práctica vieja que los argentinos no quieren más". Por de pronto, deberá gobernar durante medio año, hasta las elecciones legislativas de octubre, con la actual composición del Congreso, en la que predomina un bloque justicialista de unos 150 diputados y senadores, de los cuales menos de la tercera parte son duhaldistas.
El 25 de mayo, cinco días después de cesar en la gobernación de Santa Cruz, Kirchner recibió de Duhalde en el Congreso los atributos de presidente constitucional e inició su mandato que expira en 2007, en una ceremonia a la que asistieron sólo uno (Alfonsín) de los otros cuatro presidentes de la Argentina democrática y una decena de mandatarios sudamericanos, inclusive Lula da Silva, Lagos, el cubano Fidel Castro, el venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Lucio Gutiérrez.
En su discurso de inauguración, que no registró mención alguna a Juan y Eva Perón o a Duhalde, Kirchner hizo una vehemente defensa del Estado como articulador social de la función económica del mercado, interviniendo allá donde éste "excluye y abandona", esgrimió las nociones de "capitalismo nacional" y "modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable", y llamó a extender la seguridad jurídica a todos y cada uno de los argentinos independientemente de su estatus socioeconómico. Durante toda su alocución gravitó el rechazo de Kirchner al modelo neoliberal practicado en los años noventa.
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Néstor Carlos Kirchner Ostoic.
* 25 de febrero de 1950, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
Pertenece a una familia con ascendientes europeos de religión católica; su padre, Néstor Carlos Kirchner, laboraba de funcionario de correos y descendía de alemanes y suizos, mientras que su madre, María Ostoic, era hija de inmigrantes croatas radicados en Punta Arenas, Chile. Los Kirchner residían en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, un territorio de la Patagonia austral frío, muy escasamente habitado (hoy en día continúa siendo la provincia argentina con menos densidad demográfica, unas 180.000 personas para una extensión comparable a la del Reino Unido, lo que da menos de un santacruceño por kilómetro cuadrado) y tradicionalmente relegado de las instancias de poder político y económico nacionales.
El muchacho cursó la enseñanza primaria en escuelas públicas provinciales y el bachillerato en el Colegio Nacional República de Guatemala. Desde temprana edad militó en el Movimiento Justicialista, primero como miembro de una Juventud Peronista que en aquella época, a finales de la década de los sesenta, estaba impregnándose de radicalismo izquierdista al calor de la oposición a las dictaduras militares, hasta dar lugar a grupos partidarios de la lucha armada y la guerrilla urbana como los Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los cuales entraron en conflicto con el general Juan Domingo Perón en 1973 cuando éste retorno triunfalmente del exilio y a la Presidencia de la República de la que había sido expulsado en 1955.
En marzo de 1975 Kirchner era un militante de la izquierda peronista no extremista y un estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) cuando contrajo matrimonio con Cristina Fernández, natural de la citada capital de la provincia de Buenos Aires y compañera de estudios y de partido, que iba a desarrollar su propia carrera política, paralela a la de su esposo. En 1977 la pareja tuvo a su primer retoño, Máximo, y trece años después nació una niña, Florencia.
En 1976, el año del derrocamiento por las Fuerzas Armadas de la viuda del fundador y caudillo del justicialismo, María Estela (Isabel) Martínez de Perón, Kirchner recibió el título de abogado y posteriormente regresó a su Río Gallegos natal para ejercer la profesión. Apenas se han divulgado datos de su trayectoria durante el infausto septenio en que Argentina estuvo regida por las juntas militares y el peronismo, muy en particular su ala izquierda, padeció las sevicias de la guerra sucia. En lo tocante a estos tenebrosos años, las biografía publicadas por la prensa argentina reseñan que Kirchner y su esposa montaron un estudio jurídico y que él sufrió un encarcelamiento cuya duración y motivos no se precisan.
En 1982, a la caída de la tercera junta militar, noqueada por el desastre bélico en las islas Malvinas y el inicio de la restauración democrática, Kirchner emergió a la vida pública desde un puesto de funcionario en la administración provincial en Río Gallegos. Luego de poner en marcha un círculo de encuentro político, el Ateneo Teniente General Juan Domingo Perón, a finales de 1983 fue nombrado presidente de la Caja de Previsión Social de la ciudad. Aunque en julio de 1984, debido a una disputa sobre las políticas financieras de la entidad, fue destituido de este puesto por el entonces gobernador provincial, el peronista Arturo Puricelli, Kirchner llegó a convertirse en una celebridad local y comenzó a construirse una base de apoyos fundamental para sus aspiraciones políticas.
En 1986 ya había alcanzado el suficiente caché como para hacerse con la candidatura a intendente (alcalde) de Río Gallegos en la elección interna de la sección local del Partido Justicialista (PJ). Dicho y hecho, en los comicios del 6 de septiembre de 1987 Kirchner ganaba su primer mandato representativo con apenas un centenar largo de votos de ventaja sobre su contrincante radical, mientras que su camarada Ricardo del Val retenía para el PJ la gobernación una provincia que en los años siguientes iba a mantenerse férreamente en manos peronistas.
La gestión de Kirchner como primer edil de la capital provincial en el período 1987-1991 satisfizo a la dirección nacional peronista y a los votantes, un acopio de méritos que le calificó para ser el aspirante del oficialismo para el puesto de gobernador provincial. El ascenso de Kirchner se vio favorecido por la caída de del Val, que en junio de 1990 fue depuesto en un juicio político. En las elecciones del 8 de septiembre de 1991, cuando ya habían cumplido el bienio de vida el Gobierno federal presidido por el peronista Carlos Saúl Menem y el mandato de Cristina Fernández de Kirchner como diputada en la Cámara de Diputados provincial, el abogado santacruceño se apuntó la victoria con el 61,1% de los votos.
El 10 de diciembre Kirchner asumió la gobernación de Santa Cruz cuando la provincia, que aportaba sólo el 1% del PIB nacional con producciones del sector primario, estaba azotada por la crisis económica, el paro y un déficit en sus cuentas públicas de 1.200 millones de dólares. La receta que aplicó consistió en fuertes inversiones para estimular la actividad productiva, la contratación laboral y el consumo, con lo que se situó en las antípodas del modelo neoliberal, concentrado en la eliminación de la hiperinflación, en el reajuste monetario y en la desregulación del Estado, que estaba aplicando Menem en el Gobierno federal.
Toda vez que Kirchner hizo un manejo eficiente del presupuesto provincial, con eliminación de gastos improductivos, y de las regalías de la explotación de los hidrocarburos, la principal riqueza del territorio, la consecuencia de sus políticas expansionistas y sociales fue que al cabo de una década Santa Cruz estaba metida por la senda de la prosperidad y en el camino además logró el equilibrio fiscal, incluso superávit en algún ejercicio. Encuestas actuales señalan a Santa Cruz como la provincia con mejor distribución de riqueza y menor índice de pobreza, tras la capital federal.
Kirchner se labró un perfil un tanto singular de peronista de centroizquierda, crítico tanto con el modelo neoliberal de Menem como con la burocracia sindical del justicialismo, y que otorgaba tanta importancia al control del déficit fiscal como a un modelo de crecimiento sobre bases productivas, no especulativas, y nacionales. En lo referente a los Derechos Humanos y la consideración de los años de la dictadura, Kirchner estaba considerado progresista. Así, en diciembre de 1990 manifestó su repudio a la decisión de Menem de indultar a los antiguos comandantes de la dictadura y a dirigentes de los Montoneros.
Desde luego, la labor administradora de Kirchner fue facilitada por las escasas dimensiones del aparato económico y el mercado laboral de Santa Cruz, y además no estuvo exenta de críticas. Para sus detractores, Kirchner no era muy diferente de otros gobernadores peronistas a la hora de hacer y deshacer con talante personalista y autoritario, sobre todo en el manejo de los medios de comunicación provinciales y los nombramientos para las magistraturas judiciales de personas de confianza. Por lo demás, el control público de los nuevos puestos de trabajo y una economía acusadamente subsidiada facilitaban la manutención de una electoralmente provechosa red de clientelismo político, típica de los feudos de provincias.
Además, Kirchner dispuso la enmienda de la Constitución provincial en dos ocasiones, en 1994 y 1998, para habilitar la reelección indefinida del gobernador, una reforma hecha a su medida que siguió los pasos de la realizada por Menem en el ámbito nacional. Elegido en 1992 secretario de Acción Política del Consejo Nacional del PJ y presidente del Concejo justicialista en Santa Cruz, amén de presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), el 10 de abril de 1994 Kirchner salió elegido convencional nacional constituyente a la par que su esposa Cristina. Como miembro de la Asamblea Constituyente que pactaron Menem y el ex presidente y líder radical Raúl Alfonsín en diciembre de 1993, Kirchner fue copartícipe en la elaboración de la nueva Carta Magna, que entre otras novedades incluía la reelección presidencial para un segundo período cuatrienal consecutivo en lugar del mandato sexenal no prorrogable.
Al socaire de su propia reforma constitucional en casa, en los comicios del 14 de mayo de 1995 Kirchner fue reelegido con un contundente 66,5% de los votos, que duplicó ampliamente la cuota obtenida por su rival de la Unión Cívica Radical (UCR), para un segundo cuatrienio, el mismo período ganado por Menem en la votación presidencial. El distanciamiento con el carismático y controvertido jefe del Estado y jefe nominal del partido lo expresó a las claras Kirchner en 1996 con la puesta en marcha de la llamada Corriente Peronista, una línea interna del Movimiento Justicialista con pretensiones de ser un espacio de reflexión y debate suprapartidista y que hacía hincapié en la política frente a las soluciones economicistas para confrontar los problemas del país.
La decisión de Menem en 1998 de postularse de nuevo para la Presidencia a través de una segunda reforma constitucional ad hoc si era preciso suscitó un muy fuerte movimiento de rechazo en las filas peronistas, ya agrietadas por la polémica gestión económica y social del equipo de Gobierno, que pasó a capitanear el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex vicepresidente de la República, Eduardo Alberto Duhalde. Entonces, Kirchner salió a posicionarse con Duhalde para detener en seco a un líder que, con sus deseos de perpetuarse en el poder y la defensa a capa y espada de los intereses de los leales a su servicio, estaba perjudicando las propias ambiciones y cotos de poder territorial de un amplio elenco de dirigentes que no comulgaban con muchas de las políticas del jefe del Estado. Paradójicamente, quien empezó a darse a conocer ante la opinión pública nacional como un firme detractor de la "re-reeleción" de Menem en la Casa Rosada porteña, no veía ningún problema a su propia renovación indefinida en Río Gallegos.
En las elecciones generales del 24 de octubre de 1999 Duhalde fue batido por el candidato de la pujante Alianza entre la UCR y el centroizquierdista Frente País Solidario (Frepaso), Fernando de la Rúa Bruno, mientras que en la Cámara de Diputados el PJ fue desbancado del primer puesto. La marea ascendente del aliancismo se notaba también en Santa Cruz, pero en su elección doméstica, celebrada el 23 de mayo anterior, Kirchner aguantó sin grandes apuros el envite y ganó su tercera gobernación consecutiva con el 54,7% de los votos frente al 44,1% cosechado por el radical Anselmo Alfredo Martínez, intendente de Río Gallegos desde 1995 y sublema mejor situado dentro de la Convergencia, el lema electoral formado, en pintoresca coalición de fuerzas, por la Alianza y el menemista Movimiento Federal Santacruceño (Mofesa), este último animado por Arturo Puricelli, el gobernador peronista de Santa Cruz en 1983-1987 y viejo adversario de Kirchner dentro del peronismo.
Llamado por sus paisanos Lupín, al parecer, por su supuesto parecido físico (porte desgarbado, nariz prominente y ojos camaleónicos) con un personaje de tebeo argentino, Kirchner se ubicó nítidamente en las filas duhaldistas, dedicadas a la doble tarea de regatear las fintas de un menemismo desacreditado pero resuelto a defender sus parcelas de poder, y de plantear la oposición al aliancismo en el Gobierno federal. El santacruceño ganó ascendiente en la alta política nacional, dentro de una tendencia que otorgaba a los caudillos territoriales del peronismo, a fin de cuentas, los detentadores del capital electoral de un partido mermado tras los últimos comicios, un peso creciente en los órganos de dirección internos del PJ.
Con la seguridad y la confianza que brindaba estar al frente de una de las provincias menos golpeadas por la pobreza, el desempleo y la crispación social, Kirchner fue testigo del imparable deterioro del Gobierno de de la Rúa, que se mostró incapaz de confrontar eficazmente una crisis económica y financiera de enorme magnitud, la más aguda desde la independencia en 1816, que le estalló en las manos como, en buena parte que era, la herencia funesta de Menem.
En efecto, los gobiernos menemistas habían terminado con la pesadilla inflacionaria, conseguido varios años de crecimiento económico y emprendido una profunda reforma del Estado, con desregulaciones, privatizaciones y supresión de subvenciones, en aras de la concurrencia competitiva de Argentina en las dinámicas librecambistas subregionales y en la nueva economía globalizada. Pero todo el sistema se hizo descansar sobre estructuras más bien hueras o hipotecadas, con destrucción de tejido industrial nacional, dependencia de la inversión foránea, proliferación descontrolada de los capitales especulativos, recurso al endeudamiento interno y externo para compensar el déficit fiscal en ausencia de un sistema tributario racional y, finalmente, resentimiento de las exportaciones como consecuencia del tipo de cambio fijo y sobrevalorado entre el peso y el dólar.
El 19 de diciembre de 2001 se produjo el temido y anunciado estallido social en Buenos Aires y otras ciudades del país con el detonante inmediato del corralito financiero, esto es, la inmovilización parcial y temporal de todos los saldos bancarios como medida desesperada del Gobierno aliancista para evitar la fuga masiva de depósitos. En los días siguientes se abatió sobre Argentina una vorágine de mudanzas políticas e institucionales sin precedentes, empezando por la renuncia de de la Rúa el 20 de diciembre. Por lo que se refiere a Kirchner, jugó un papel relevante en las graves decisiones políticas que se tomaron en estos días convulsos.
Así, los medios periodísticos citaron al santacruceño entre los participantes en un conciliábulo restringido de líderes regionales justicialistas que consensuó la colocación de uno de los suyos, Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis desde 1983, para el puesto de presidente de la República interino. Todos estos capitostes provinciales, inclusive el bonaerense Carlos Ruckauf, el santafesino Carlos Alberto Reutemann y el cordobés José Manuel de la Sota sostenían, o se sospechaba que sostenían, ambiciones presidenciales, y otorgaron la investidura congresual a Rodríguez Saá en la creencia de que éste se iba a conformar con servir el interinato y convocar elecciones presidenciales anticipadas para marzo.
Cuando el puntano dejó entender que no se descalificaba para la carrera electoral y además dio muestras de afrontar la calamitosa situación económica con talante populista y con escaso sentido de la realidad, Kirchner y los demás barones le retiraron al punto el apoyo, de manera que el 30 de diciembre, con la calle hirviendo en una segunda ola de protestas, Rodríguez Saá hubo de renunciar al cabo de una semana de ejercicio. El santacruceño calificó la efímera presidencia de su colega de filas de "retorno al populismo de los años 30". El minué de inquilinos en la Casa Rosada tocó a su fin el 1 de enero de 2002 con la investidura de Duhalde como presidente interino, y aunque la sensación de una inminente y catastrófica desintegración social, e incluso de una guerra civil al decir de los agoreros, se difuminó, siguió respirándose una atmósfera extraordinariamente enrarecida, con la tensión a flor de piel.
Kirchner no cuestionó las medidas de contingencia que el Gobierno de Duhalde fue aplicando a lo largo de 2002, las cuales apuntaron a un nuevo modelo económico y social en Argentina. Estas fueron fundamentalmente dos, y ambas hicieron notar sus efectos balsámicos: una de tipo estructural, la abrogación de la Ley de Convertibilidad, con la consiguiente devaluación de la divisa argentina y la pesificación de los créditos de los particulares; y otra puramente coyuntural, el levantamiento gradual del corralito, a medida que la crisis de iliquidez del sistema financiero iba apagando luces rojas. Ahora bien, en su jurisdicción Kirchner se las ingenió para minimizar el impacto brutal que el corralito y la pesificación estaban teniendo sobre el poder adquisitivo de la población sacando más de 500 millones de dólares del erario provincial provenientes de los devengos petroleros del Estado y depositándolos en la Reserva Federal de Estados Unidos y en cuentas bancarias de Suiza y Luxemburgo.
Mientras el traumatizado país parecía dejar atrás la fase más angustiosa de la crisis, si bien en el camino se quedaban millones de damnificados entre trabajadores despedidos, ahorradores arruinados y nuevos pobres, en el justicialismo fueron descubriéndose sobre la mesa las distintas ambiciones presidenciales, hasta entonces más o menos soterradas, un proceso que se aceleró después de que Duhalde decidiera en julio adelantar a marzo (posteriormente se retrasó la fecha a abril) de 2003 las elecciones presidenciales previstas al principio para septiembre.
Kirchner, Menem, Rodríguez Saá, de la Sota y el gobernador de Salta, Juan Carlos Romero, anunciaron su intención de presentarse a un proceso de elecciones primarias del PJ que primero se anunció para noviembre de 2002 y que luego se postergó a febrero de 2003. Duhalde estaba resuelto a frustrar las posibilidades de Menem y Rodríguez Saá, máximos favoritos en unas primarias justicialistas. A tal fin, primero confió en la presentación de Reutemann, pero el ex piloto de Fórmula 1 declinó competir en estas condiciones de atomización de las postulaciones justicialistas.
Entonces Duhalde trasladó sus preferencias a de la Sota, pero el 15 de enero de 2003 anunció que su apuesta para la sucesión presidencial era Kirchner, hasta hacía bien poco hundido en las encuestas sobre favoritos para la Presidencia, porque compartía "sus ideas vinculadas a la defensa de la producción" y porque figuraba entre los que no querían "volver atrás", en alusión a las políticas de ajuste de Menem. El apoyo de Duhalde implicaba para Kirchner tener detrás, no sólo el núcleo oficialista del partido y la institución presidencial, sino todo el aparato peronista de la provincia de Buenos Aires, con mucha diferencia, el distrito político y económico más importante del país. Al día siguiente, Kirchner celebró el acto de presentación oficial de su candidatura arropado por una representación del peronismo bonaerense y por funcionarios del Gobierno federal. Desbordando autoconfianza, el gobernador patagónico afirmó que no le faltaba coraje "ni todo lo que hay que tener" para sacar a Argentina de su postrada situación.
El 24 de enero Duhalde, con el acuerdo de Kirchner, remachó su estrategia al obtener la aprobación del Congreso del PJ a su moción para suspender la elección partidaria interna y trasladar la liza del santacruceño y los dos ex presidentes directamente a la elección presidencial del 27 de abril. La decisión fue tomada pese al fallo de una juez federal con competencia electoral prohibiendo la reforma de la Carta Orgánica del PJ con aquel objeto, y en ausencia del sector menemista.
Con el argumento de que los tres aspirantes, de hecho, presentaban programas contrapuestos, el aparato del partido controlado por los oficialistas resolvió que Kirchner, Menem y Rodríguez Saá concurrieran bajo un régimen llamado de neolemas, es decir, con la autorización de exhibir los símbolos partidarios comunes y los lemas específicos de cada lista, pero sin adjudicación de todos los sufragios justicialistas al más votado de entre ellos, de suerte que, desde el principio hasta el final, los tres iban a enfrentarse como si pertenecieran a partidos diferentes. El artificio era una variedad, teóricamente pergeñada para esta ocasión excepcional, de la tradicional ley de lemas, concebida para dar satisfacción a una pluralidad de ambiciones presidenciales en un partido, pero que al mismo tiempo favorecía la dispersión del voto de dicha fuerza partidaria.
Desprovisto del carisma, el conocimiento público y el empuje mediático de Menem y Rodríguez Saá, y, en opinión de algunos analistas, de esa visión estratégica, propia del estadista avezado, de la situación de Argentina en el mundo de la que tanta gala hacía Menem, el gobernador santacruceño arrancó la campaña en una posición zaguera en los sondeos de intención de voto frente a sus dos conmilitones y adversarios y al ex ministro delarruísta Ricardo López Murphy, valedor de una plataforma liberal. Para atraer votos, Kirchner se apoyó en la figura del ministro de Economía de Duhalde, Roberto Lavagna, que tenía una imagen positiva por su gestión anticrisis, y anunció que lo mantendría en su futuro gabinete, lo que equivalía a dar continuidad al programa económico duhaldista. Cristina Fernández de Kirchner, que desde 1995 venía realizando una labor política descollante como senadora y diputada santacruceña en el Congreso Nacional, aportó a la campaña de su marido un elemento de atracción no desdeñable.
La lista presidencial de Kirchner, el Frente para la Victoria, presentó el programa Un país en serio, que incidía en una serie de primeridades: la producción, la justicia, la educación, el trabajo, la equidad y la salud, de alguna manera sintetizadas en el eslogan de Primero Argentina. En esta declaración, de regusto socialdemócrata e intencionadamente contrastada con la experiencia y la herencia del menemismo, Kirchner ha propuesto un modelo de producción y trabajo que exige "articular inteligentemente y con sentido nacional lo público y lo privado", tal que Estado y mercado (preferentemente, el interno) puedan "asociarse en la construcción de un país distinto" con un reparto de funciones: el primero, "promoviendo, regulando y controlando"; el segundo, "invirtiendo, produciendo y ganando".
En el terreno de lo concreto, Kirchner se ha planteado un buen número de objetivos: obtener la reducción de las amortizaciones y los intereses de la deuda externa, y la reprogramación de los servicios; mantener el sistema monetario flotante, con el peso cotizando libremente con el dólar, y vinculado a las necesidades del sistema productivo, con el fin de estimular las exportaciones y permitir la reducción progresiva de la dependencia de las importaciones; rebajar gradualmente los impuestos al consumo y establecer un sistema tributario simplificado y "progresivo", con tipos de retención más ceñidos al nivel de rentas contributivas, así como luchar vigorosamente contra el fraude fiscal y el contrabando; lanzar un vasto plan "neokeynesiano" de inversiones públicas en vivienda, transportes y servicios educativos y sanitarios, con el objeto de reparar la arrasada red de prestaciones sociales y, de paso, generar cinco millones de empleos, directa o indirectamente; crear un programa laboral específicamente orientado a la microempresa; prolongar las subvenciones y ayudas sociales del Gobierno, en especial las destinadas a combatir la indigencia extrema y el hambre en regiones concretas del país, en tanto dure la situación de emergencia; y, renegociar los contratos y tarifas de las empresas proveedoras de servicios, aceptando un ajuste inicial del 10% al 15% en algunas prestaciones.
La puntualización "cuidando el equilibrio fiscal" o "sin déficit fiscal" coletea como un mantra en las propuestas de Kirchner, en parte por convicción personal y en parte para mitigar las reluctancias del FMI, que, pese a haber accedido el Gobierno de Duhalde a varias de sus exigencias, sigue demandando restricción monetaria, no obstante hallarse la inflación controlada -en abril el índice mensual fue el 15%, frente al 41% anual de 2002, como consecuencia de la devaluación del peso- y el peso en vías de recuperación frente al dólar, así como la reindexación de las tarifas de los servicios públicos privatizados.
El FMI pide al Estado argentino nuevos ajustes y correcciones para avalar la financiación del sobrepago de intereses de la deuda en bonos con acreedores privados, que asciende a 60.000 millones de dólares, y para conceder reestructuraciones en la deuda crediticia propia y, eventualmente, nuevas postergaciones de pagos ya vencidos que no se cancelaron en su momento, so pena de incurrir Argentina en el ominoso default. Por lo demás, desde la implosión de diciembre de 2001 el FMI se ha negado a socorrer al país sudamericano con más ayudas de contingencia.
Aquellos compromisos financieros fueron congelados, al igual que las tarifas de los servicios públicos, por Duhalde en enero de 2002, y desde entonces el Gobierno saliente vino tejiendo, con actitud más retardataria que resolutiva en algunos aspectos, un extremadamente complicado encaje de bolillos que ha intentado ahorrar a una ciudadanía con los ingresos derrumbados el reajuste alcista de las tarifas -lo que afecta muy negativamente a las necesidades de inversión de las empresas proveedoras para sostener sus servicios y a la capacidad de atender sus propias deudas- mientras contiene el gasto público y recauda más impuestos para alcanzar los objetivos de un superávit fiscal primario (antes del pago de los intereses de la deuda) del 2,5% del PIB en 2003 y el 4% en 2004, considerados imprescindibles para cumplir las obligaciones financieras del Estado y recuperar la confianza de los fiadores domésticos y foráneos.
En resumidas cuentas, Kirchner se lanzó a la justa presidencial haciendo suyo lo esencial de las políticas económicas y sociales del Gobierno Duhalde y comprometiéndose -aunque sin excesivas rotundidades- con las grandes tareas dejadas intactas o inconclusas por su colega partidario, a saber: la reforma del sistema tributario y una lucha eficiente contra los delitos económicos; la remoción de las angustias contables del Estado, con los dogales que suponen los sucesivos vencimientos de deuda; la reforma del sistema bancario y la restitución de la solvencia de las entidades financieras privadas; y, una reforma general de las instituciones del Estado, que incluya reducciones de los cuerpos legislativo y judicial para reducir los gastos de la política.
Pero además, como si todo lo anterior no fuera suficiente, había que devolver las esperanzas de futuro a un país devastado socialmente, donde la pobreza en alguna de sus formas golpea ya al 54% de la población (20 millones de argentinos, de los cuales la mitad son considerados indigentes al percibir ingresos mensuales inferiores a los 220 dólares), la tasa de desempleo excede el 20%, la previsión social recibe cotizaciones de sólo el 40% de la población ocupada, y las penurias especialmente dramáticas de la desnutrición y el hambre están causando mortandad infantil en Misiones y Tucumán.
Sobre el cálculo de Kirchner gravitan las ya citadas tendencias moderadamente halagüeñas del índice de precios y la cotización monetaria, así como el curso de la producción, que registró un crecimiento del 5% en el primer trimestre del año, frente a la brutal recesión, el -11%, experimentada en el conjunto de 2002.
Al cabo de una campaña caracterizada por la apatía y el escepticismo del electorado, mientras seguía reverberando el grito de hastío "Que se vayan todos" que ha presidido las revueltas y movilizaciones del último año y medio, Kirchner llegó a la jornada del 27 de abril en competición muy reñida con Menem y con López Murphy por el derecho a disputar la segunda vuelta, requerida constitucionalmente si el candidato más votado no reúne el 45% de las papeletas válidas o más del 40% y una diferencia de 10 puntos porcentuales sobre el siguiente candidato. En opinión de politólogos y expertos en análisis electoral, las opciones estaban abiertas en una tesitura muy fluida, donde las lealtades partidarias y las ataduras ideológicas clásicas cuentan menos que la preferencia subjetiva y mudable por uno u otro candidato. Por primera vez en 57 años, la antinomia clásica peronismo-radicalismo no presidía unas elecciones generales y el peronismo, además, se presentaba fraccionado en candidaturas rivales.
Pues bien, Kirchner, con el 22% de los votos, fue superado por Menem (Lista Frente por la Lealtad), que obtuvo el 24,3%. Descalificados para la segunda ronda quedaron López Murphy (Lista Movimiento Federal Recrear), Rodríguez Saá (Lista Frente Nacional y Popular) y la independiente de izquierda y ex radical Elisa María Carrió (Lista Alternativa por una República de Iguales), receptores respectivamente del 16,3%, el 14,2% y el 14,1% de los sufragios.
En un distante y testimonial sexto puesto quedó el candidato de la UCR, Leopoldo Raúl Guido Moreau, que sólo recogió el 2,3% de los votos. A la sazón, el peor resultado nunca cosechado por un presidenciable radical era todo lo que quedaba del efímero fenómeno aliancista, que tantas expectativas suscitó a finales de los años noventa. La papeleta de Kirchner acaparó el 78,7% de los votos en Santa Cruz y fue también la preferida en la provincia de Buenos Aires (25,2%) y en el conurbano o gran Buenos Aires (27,8%); ahora bien, en la circunscripción propiamente capitalina, otrora bastión del voto radical y frepasista, Kirchner sólo quedó en tercer lugar tras López Murphy y Carrió.
Kirchner celebró su paso a la segunda vuelta del 18 de mayo haciendo un llamamiento a la población para que escogiera entre dos modelos de país, el de la "exclusión y el endeudamiento", en alusión a Menem, y el de una "Argentina de igualdad y con posibilidades para todos". También expresó su confianza en aglutinar todo el voto de rechazo que Menem suscitaba, especialmente en los votantes de López Murphy y Carrió, el electorado urbano susceptible de definirse en la categoría socioeconómica (barrida por la crisis) de clase media, o en aquellos que podían apreciar en el santacruceño un perfil más frepasista que peronista.
El apoyo implícito de Carrió y el espaldarazo de líderes peronistas como de la Sota y de los presidentes socialistas de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Chile, Ricardo Lagos, ante quienes comunicó en Brasilia y Santiago su deseo de priorizar un MERCOSUR integrado económica y políticamente frente al Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA) que patrocina Estados Unidos -con el respaldo entusiasta de, precisamente, Menem-, convirtieron a Kirchner en un presidente in péctore. Las encuestas tras la primera vuelta electoral adjudicaban entre un 60% y un 70% de intención de voto para el santacruceño, si bien semejante caudal de apoyos no obedecía tanto a méritos propios como a un rechazo frontal a ver de nuevo a Menem presidiendo el país.
Sin embargo, la segunda ronda no llegó a disputarse porque el 14 de mayo Menem, al cabo de un día largo de rumores y desmentidos, anunció su retirada del proceso electoral en una decisión que suscitó la increpación general. La opinión compartida fue que el riojano arrojó la toalla antes que sufrir su primera derrota, y por goleada, en una carrera cuajada de éxitos electorales, y también para arrojar una sombra de ilegitimidad sobre Kirchner, que de esta manera inopinada se proclamó presidente electo con el nivel de voto popular más bajo en la historia de Argentina. También se habló de un intento de Menem de condicionar al futuro presidente, mala noticia para un aspirante a estadista que ya se embarcó en la carrera hacia la Casa Rosada con la imagen de factótum de Duhalde.
Visiblemente irritado por este escamoteo de un capital electoral masivo que, con certeza, le habría permitido gozar de un período de gracia popular más prolongado a la espera de resultados concretos de su gestión, Kirchner devolvió los dardos dirigidos por Menem acusándole de "cobarde" y de "huir" de sus responsabilidades, y definió expresamente su decisión como un "intento de deslegitimar la voluntad de cambio expresada por la sociedad" y de "mostrar débil y frá*** al Gobierno que se inicia para tratar de imponerle la continuidad de las políticas llevadas adelante durante la década de los noventa".
Consciente de esa necesidad, Kirchner aseguró que presidirá "con todos los argentinos" y explicó que su idea era que "el consenso se refleje en el país que se va a construir" y no en "acuerdos entre dirigentes para cambiar apoyos por cargos", una "práctica vieja que los argentinos no quieren más". Por de pronto, deberá gobernar durante medio año, hasta las elecciones legislativas de octubre, con la actual composición del Congreso, en la que predomina un bloque justicialista de unos 150 diputados y senadores, de los cuales menos de la tercera parte son duhaldistas.
El 25 de mayo, cinco días después de cesar en la gobernación de Santa Cruz, Kirchner recibió de Duhalde en el Congreso los atributos de presidente constitucional e inició su mandato que expira en 2007, en una ceremonia a la que asistieron sólo uno (Alfonsín) de los otros cuatro presidentes de la Argentina democrática y una decena de mandatarios sudamericanos, inclusive Lula da Silva, Lagos, el cubano Fidel Castro, el venezolano Hugo Chávez y el ecuatoriano Lucio Gutiérrez.
En su discurso de inauguración, que no registró mención alguna a Juan y Eva Perón o a Duhalde, Kirchner hizo una vehemente defensa del Estado como articulador social de la función económica del mercado, interviniendo allá donde éste "excluye y abandona", esgrimió las nociones de "capitalismo nacional" y "modelo argentino de producción, trabajo y crecimiento sustentable", y llamó a extender la seguridad jurídica a todos y cada uno de los argentinos independientemente de su estatus socioeconómico. Durante toda su alocución gravitó el rechazo de Kirchner al modelo neoliberal practicado en los años noventa.
(Última actualización: 27 mayo 2003)
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el presidente de la Republica Argentina se llama Nestor Carlos Kirchner
el Vicepresidente se llama Daniel Scioli
Se supone que el corrupto de Néstor Kirchner pero en verdad la que ahi manda encubierta por este es Cristina Kirchner , su mujer...
Nestor Kirchner
Néstor (biocular) Kirchner.
Aahh y es oriundo de venado tuerto.
un tipejo que no tiene un punto de vista fijo.....
otro politico mentiroso!!!!!